El Estor es un municipio de Guatemala que se encuentra en el departamento de Izabal, a orillas del lago del mismo nombre.
En este municipio se ha llevado a cabo un proyecto extractivista minero devastador.
El Estor es la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica y en 2019 fue el proyecto extractivo que más beneficios produjo de todos los que esta minera tenía en el planeta.
Se trata de la empresa minera transnacional Solway Investment Group, de capital ruso-suizo. Es el mayor productor privado de níquel en el mundo; con minas y complejos industriales en muchos países. En El Estor, son ellos quienes definen las necesidades y los planes de desarrollo del municipio; desde coberturas sociales hasta obras e infraestructuras.
El Estado de Guatemala como máximo responsable en lo que tiene que ver con el ejercicio o violación de los derechos.
Un dato importante
En Guatemala la extracción del níquel está exenta del pago de impuestos al Estado. Por lo tanto, es la empresa la que decide voluntariamente las regalías que dará al municipio.
En El Estor no existe el Estado; nosotros somos el Estado.
Mainor Alvarado Mai
Gerente de relaciones comunitarias
de la empresa minera.
El personal de seguridad de la mina, junto con policías y militares, desalojaron a 100 familias y quemaron sus casas.
Ante las primeras protestas la minera respondió con represión indiscriminada y otras formas de intimidación.
El personal de seguridad de la mina violó a 11 mujeres q’eqchi’; sobre esto nunca se hizo justicia.
El Gobierno está comprado y nosotros ya hemos sido vendidos.
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Una mancha roja comienza a
extenderse desde la mina por
las aguas del lago Izabal.
Esta contaminación supone un
gran peligro para el lago,
pero también para la población,
que depende de la pesca para
su subsistencia.
La mina y la creciente extensión
del cultivo agroindustrial de
palma africana ya habían
comenzado a destruir los bosques.
Ahora era el turno del lago.
Fotografía Roni Morales.
Fotografía Carlos Ernesto Choc.
Una mancha
roja en los
derechos
humanos
El gremio de pescadores denuncia la irregularidad de la licencia otorgada al complejo minero.
Las leyes internacionales dictaminan que debía haberse dado un proceso de consulta al pueblo q’eqchi sobre la incursión de la mina en su territorio.
De las 65 personas que interpusieron el recurso, 11 fueron denunciadas, cuatro encarceladas y un número indeterminado fue sobornado con dinero y puestos de trabajo.
Fruto de toda esa lucha, la Corte de Constitucionalidad emite por fin una sentencia definitiva con la que se paralizan las actividades extractivas.
Me enoja que los pobres no seamos escuchados, que los pueblos indígenas seamos permanentemente machacados.
Ante el gran número de protestas y movilizaciones se implantó un Estado de Sitio que dio lugar a dos escenarios muy distintos:
Se contabilizaron unos 40 allanamientos, 17 detenciones y 90 órdenes de captura, además de múltiples casos de intimidación, amenazas y un toque de queda (el primero desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996).
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la transnacional minera Solway Investment Group, celebraron la consulta describiéndola como un proceso “armonioso e inclusivo”.
Al fin se lleva a cabo un proceso de pre-consulta y consulta con las comunidades cercanas y afectadas.
Pese a ello, mientras tanto, la mina continuó trabajando con normalidad.
En la consulta a la población quedaron excluidas un total de 97 autoridades ancestrales, varias decenas de comunidades de los cuatro municipios afectados por el área de la minera y, por lo menos, unas 83.000 personas que legalmente tenían que haber sido consultadas.
La empresa planifica y el ministerio ejecuta.
Ante ello, la Corte Constitucional de Guatemala ordena la paralización de la mina hasta que no se repita la consulta y se realice en la totalidad de municipios y comunidades afectadas por la mina.
Un destacado grupo de medios de comunicación a nivel internacional como Le Monde, The Guardian, Proceso, El Faro, El País, The Intercept, Die Zeit, entre otros; y otros locales como Prensa Comunitaria, sacaron a la luz documentación que demuestra el hecho incontestable de que Solway Investment Group planificó, diseñó y controló en todo momento el procedimiento de pre-consulta y consulta para dar continuidad a su proyecto minero.
Un destacado grupo de medios de comunicación a nivel internacional como Le Monde, The Guardian, Proceso, El Faro, El País, The Intercept, Die Zeit, entre otros; y otros locales como Prensa Comunitaria, sacaron a la luz documentación que demuestra el hecho incontestable de que Solway Investment Group planificó, diseñó y controló en todo momento el procedimiento de pre-consulta y consulta para
dar continuidad a su proyecto minero.
Argia, medio de Euskal Herria/País Vasco, publica una
entrevista a una comunicadora de Prensa Comunitaria (Guatemala) en la que se denunciaban las actuaciones de esta empresa en El Estor.
A través de un bufete de abogados de Madrid la minera amenazó con acciones legales y la exigencia de una fuerte indemnización por difamación, además de exigir la eliminación de la entrevista de su página web. Un claro ataque a la libertad de expresión y de prensa.
Se destinaron cantidades importantes de dinero para disponer de los mejores bufetes de abogados de Guatemala y del exterior.
La empresa finesa Outukompu, una de las principales productoras de acero inoxidable, compra níquel de El Estor; y surte material a otras empresas grandes europeas como Ikea o Bosch-Siemens.
Europa y otros países del norte se enriquecen por el despojo o el saqueo de los bienes comunes de muchos territorios del sur; por eso es necesario tener presente que el precio que se esconde detrás de cualquiera de utensilios proveniente de estas empresas es el de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.
Durante todo este proceso se han violado derechos humanos colectivos e individuales: el derecho a consulta, a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación…
Pero también se ha violado el derecho a un territorio sostenible del pueblo q’eqchi’, así como el derecho a la no persecución por defenderlo. Sin olvidar los derechos de la naturaleza o medioambientales, en definitiva,
el derecho a una vida digna.
