Guapinol es el nombre de la comunidad del municipio hondureño de Tocoa, en el departamento caribeño de Colón.
Pero además Guapinol es el nombre de la resistencia frente al megaproyecto Inversiones Los Pinares que opera la mina de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras” en Honduras.
Honduras es un ejemplo de la destrucción de la naturaleza y de una sistemática violación de los derechos humanos. Es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos de la tierra y la naturaleza y con enormes desigualdades sociales.
Guapinol no solo es el río, la tierra; Guapinol es también la gente que habita el territorio.
Dalila Argueta
Defensora.
El primer gobierno elegido tras el golpe de Estado de 2009 (2010-2013) aprobó, en contexto de impunidad absoluta, leyes que favorecieron las concesiones masivas de ríos, construcción de represas, explotaciones mineras y de hidrocarburos. Esto dio lugar a un “Modelo extractivista” de graves consecuencias:
Al inicio era una mina de óxido de hierro, pero posteriormente ha derivado en concesiones de aguas de los valles más productivos de la zona y la construcción de dos plantas que pertenecen al grupo empresarial EMCO Holding:
Empresa minera que extrae óxido de hierro.
Una planta peletizadora que transforma el óxido de hierro en pelets para su exportación a EEUU y la futura construcción de una planta termoeléctrica que la abastecerá de electricidad.
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Pertenece a dos miembros de la élite hondureña que guardan estrechos vínculos con altos cargos de actuales y pasados gobiernos del país. Pusieron en marcha el complejo minero sin consulta ni participación social, bajo una fuerte represión del campesinado (más de 150 asesinatos, desapariciones, detenciones…) que se movilizaba contra la extensión del cultivo de palma aceitera en toda la zona.
¿Qué es el extractivismo?
Es la extracción de una gran cantidad de recursos naturales (minerales, hidrocarburos, monocultivos de soja, palma aceitera, caña…) de un país o territorio que son exportados, provocando enormes impactos sociales y ambientales que afectan a la población local. Además, los beneficios no se quedan en el territorio, sino que se externalizan.
Desde 2013 en Honduras existe una Ley de Minería que
prohíbe otorgar concesiones mineras en zonas protegidas (como lo es la zona de Guapinol), pero esa ley no se cumple en la mayoría de ocasiones.
Se constituye el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, quien liderará el proceso de protesta social y resistencia frente al megaproyecto minero, con un importante liderazgo de las mujeres sosteniendo la protesta, la resistencia y la visibilidad pública.
Aquí surge la demanda a la Alcaldía de Tocoa de realizar una consulta comunitaria para que el pueblo decida la continuidad del proyecto minero.
Se entregaron a las autoridades locales hasta cinco solicitudes de consulta abierta, pero todas ellas fueron ignoradas.
En abril de 2018 la empresa Inversiones Los Pinares vierte sedimentos sobre el río y durante tres meses llega agua contaminada y fangosa a los hogares.
En junio, el Comité Municipal como protesta, ocupó la Alcaldía de Tocoa durante diez días en demanda de la realización de la consulta abierta, pero no lo consigue. El 1 de agosto se constituye el Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, sostenido diariamente por una media de 140 personas, (70% mujeres).
Tras ser hostigado durante meses, es atacado en octubre por más de 1200 policías y soldados y desmantelado ante la resistencia pacífica de 500 personas.
Fotografía Carlos Ernesto Choc.
Campamento
atacado
El Comité Municipal convoca y realiza la Cumbre Municipal por el Agua y la Vida.
Más de tres mil personas se reunieron en Tocoa para pedir una nueva consulta, ejerciendo así su derecho a la participación social.
¿Cuáles fueron las consecuencias?
Ewer Alexander Cedillo Cruz José Abelino Cedillo Cantarero José Daniel Márquez Márquez Kelvin Alejandro Romero Martínez Porfirio Sorto Cedillo Orbin Nahuan Hernández Arnol Javier Alemán Jeremías Martínez
Sin embargo, la lucha logra una pequeña victoria
En noviembre de 2019 por fin se consigue realizar la consulta: Tocoa es declarado Municipio Libre de Minería. Esto significa que no podrían renovar el permiso de la instalación minera a partir de 2020.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras anula el juicio por el cual las personas fueron encarceladas, señalando que este nunca debió darse. Sin embargo, no hay forma de resarcir los daños causados a estas 8 personas, a sus familias y a las comunidades por su injusta permanencia en las cárceles.
Se producen diversos asesinatos de miembros del Comité Municipal y de otras organizaciones del valle del Bajó Aguán. El 7 de enero de 2023 son tiroteados y rematados dos defensores, Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Las fuerzas policiales atribuyen estos crímenes a la delincuencia común.
La criminalización de la protesta social, se ve acrecentada con agresiones sexuales, difamaciones y estigmas hacia las mujeres por su condición de género. El 76% de las agresiones son contra aquellas que luchan por la tierra y el territorio, en su mayoría indígenas, garífunas y campesinas.
Esto provoca que muchas tengan que salir del territorio o huir al extranjero.
Las cifras hablan:
Desde que asesinaron a Berta Cáceres en marzo de 2016 se contabilizan en Honduras 27 defensoras asesinadas.
La Alcaldía de Tocoa convoca dos cabildos municipales para aprobar el proyecto de la termoeléctrica.
A pesar de las irregularidades, ilegalidades, ataques al Comité Municipal y una minoría evidente, se declara aprobado el proyecto.
En febrero el Congreso del país emitió un Decreto que blinda el Parque Nacional y declara que todas las áreas protegidas deben estar exentas de explotación minera.
En julio el Instituto Hondureño de Geología y Minas, negó la solicitud de contrato minero presentado por la Empresa Los Pinares-Ecotek.
Un logro de las luchas de las comunidades, por toda la sangre derramada, por los días de prisión de las personas defensoras, por el dolor”.
Carlos Leonel George
Regidor Municipal del municipio de Tocoa.
Aunque celebraban los logros, las represalias no tardaron en llegar y el 14 de septiembre de 2024, el defensor de la tierra e integrante del Comité Municipal y regidor de Tocoa Juan López, fue asesinado a balazos, dos días después de exigir, una vez más, la renuncia del alcalde Adán Funez. Juan contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH que no se implementaron; por lo que su asesinato ocurrió en circunstancias donde no tenía ninguna garantía de protección.
La lucha de las comunidades del Municipio de Tocoa, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, aún no ha terminado. Es lo que nos traslada el defensor y regidor del Municipio de Tocoa, Carlos Leonel George con sus palabras.
La lucha aún no ha terminado.
La empresa finesa Outukompu, una de las principales productoras de acero inoxidable, compra níquel de El Estor; y surte material a otras empresas grandes europeas como Ikea o Bosch-Siemens.
Europa y otros países del norte se enriquecen por el despojo o el saqueo de los bienes comunes de muchos territorios del sur; por eso es necesario tener presente que el precio que se esconde detrás de cualquiera de utensilios proveniente de estas empresas es el de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.
El Comité Municipal está defendiendo el territorio, el agua, el bosque, defiende la vida; no sólo de las comunidades, sino la de todas, la vida del mundo".
Carlos Leonel George
Defensor y regidor del municipio de Tocoa.
