Tarahumara

Sierra Tarahumara: cuando defender derechos significa la vida.

Coloradas de la Virgen y Choréachi están ubicadas en la Sierra Tarahumara, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Se trata de una región, rica en biodiversidad y recursos minerales, por lo que ha sido objetivo de numerosos intereses extractivistas, así como del narcotráfico.
Además, Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las personas defensoras. En 2017 se estableció la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos. Este organismo, que a veces actúa en coordinación con el Mecanismo de Protección, brinda escolta policial y acompañamiento en traslados para proteger a defensoras, como es el caso de Isela González.

Una foto al contexto general

En varios países latinoamericanos, las alianzas entre el Estado y los poderes económicos permiten a las corporaciones extractivas explotar recursos sin restricciones. Este modelo, sostenido por una lógica colonial de despojo, afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales, perpetuando exclusión y violencia. Las empresas de seguridad privada operan como “ejércitos” que atacan a defensoras y protegen los intereses corporativos.

En México, la violencia contra personas defensoras es alarmante. El país registró 54 asesinatos de defensores en 2021, de los cuales más del 40% eran indígenas, lo que lo convierte en uno de los lugares más peligrosos para la defensa de la tierra y el medio ambiente.

Un dato alarmante

Las propias autoridades estatales están vinculadas en un 45% de las agresiones registradas contra defensoras en Mesoamérica entre 2012 y 2022. Estos datos resaltan cómo el Estado, en lugar de garantizar derechos, actúa como agresor, fomentando un sistema de impunidad que afecta a las defensoras y sus comunidades.

Una foto al contexto local

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 2023, se registró en la Sierra de Tarahumara, México, el asesinato de al menos 126 personas defensoras.

La defensa del territorio y de los bienes naturales representa un riesgo elevado en América Latina. Según el informe Datos Que Duelen, Redes que Salvan (2024), un 23% de las agresiones contra defensoras están vinculadas a la defensa de la justicia y reparación, y un 15.6% a la protección de la tierra y recursos naturales, afectando especialmente a mujeres y comunidades indígenas.

Un dato alarmante

En México, los actores estatales estuvieron implicados en el 35.7% de los casos, incluidas autoridades municipales, fuerzas policiales y militares.

Ser defensor del territorio y del medioambiente en la Sierra Tarahumara significa la vida".

Isela Gonzalez Díaz
Directora de la Asociación Alianza Sierra Madre A.C.
Defensora.

¿Qué amenaza la región de Tarahumara?

Narcotráfico y extractivismo

Esta región es rica en biodiversidad y recursos minerales, por lo que ha sido objeto de explotación debido a intereses extractivistas y al narcotráfico.

Sin embargo, el Estado ha demostrado poca capacidad para enfrentar estos desafíos y proteger a las comunidades.

La mayoría de la población indígena en estas comunidades vive en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y salud, lo cual agrava su vulnerabilidad.

Ewer Alexander Cedillo Cruz José Abelino Cedillo Cantarero José Daniel Márquez Márquez Kelvin Alejandro Romero Martínez Porfirio Sorto Cedillo Orbin Nahuan Hernández Arnol Javier Alemán Jeremías Martínez

Un ejemplo

En regiones como el “Triángulo Dorado”, donde se asienta Guadalupe y Calvo, la violencia de cárteles (extorsiones, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos) es una amenaza constante. La competencia entre grupos criminales, unida a la proliferación de cultivos ilícitos, afecta a las comunidades indígenas, aumentando el riesgo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente. La narcocultura, que atrae a jóvenes a la delincuencia, es un factor que agrava el contexto de inseguridad y vulnerabilidad.

Corrupción

Además de la falta de recursos y el lento cumplimiento de medidas de protección, persisten desafíos de corrupción y “tortuguismo” en las instituciones públicas.

Un ejemplo

En Coloradas de la Virgen y Choréachi, la corrupción dentro de instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ha obstaculizado el acceso de las comunidades a sus recursos y ha retrasado la suspensión de permisos ilegales de explotación forestal. Estas demoras, junto a la falta de investigación y castigo a los responsables, perpetúan un ciclo de impunidad y violencia. La corrupción no solo bloquea la justicia, sino que también permite que las violaciones continúen al brindar impunidad a empresas y actores criminales, protegidos por el sistema judicial y político.

2023

No reconocimiento de las tierras

Las defensoras indígenas luchan por derechos colectivos como la tierra y el territorio enfrentan limitaciones debido a desigualdades estructurales. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2018) ha destacado cómo los procedimientos de reconocimiento territorial son complejos y prolongados, dificultando el acceso a la justicia. Sin el reconocimiento de sus tierras, las comunidades no pueden ejercer su derecho a la autodeterminación, dejándolas expuestas a la explotación y al desplazamiento.

La idea de territorio nacional desconoció nuestros territorios que se convirtieron desde entonces en "propiedad de la nación", con sus aguas, su aire y sus minerales en el subsuelo”.

Yásnaya Aguilar
Lingüista, traductora, investigadora y activista ayuujk [mixe].

Las comunidades más amenazadas:

Es una comunidad Rarámuri con un fuerte arraigo territorial y cultural. Desde 1934, la comunidad ha reclamado el reconocimiento de su territorio al Estado mexicano. Sin embargo, su lucha se ha visto obstaculizada por el cacique mayor, su familia y sus amigos, quienes han controlado de manera violenta los recursos forestales de la zona.

Fotografía Carlos Ernesto Choc.

Coloradas de
la Virgen

Los conflictos por el territorio han acabado con la vida de numerosos defensores indígenas. En respuesta, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos implementó medidas para proteger a Carrillo y a miembros de la organización ASMAC, como Isela González, amenazada por su apoyo a la comunidad de Coloradas de la Virgen.

ASMAC documenta más de 200 personas desplazadas en Coloradas de la Virgen, a causa de la violencia de grupos criminales y caciques locales. También existen al menos ocho carpetas de investigación por homicidios y varias más por despojo de tierras.

Julián Carrillo Martinez, asesinado a tiros
por sicarios al servicio de los caciques en 2018.

El conflicto territorial comenzó en 1969 cuando el gobierno mexicano transfirió una parte de su territorio ancestral a la comunidad mestiza de Coloradas de los Chávez sin consultar a los Rarámuri. Desde entonces, los habitantes de Choréachi han enfrentado violencia y amenazas debido a los intereses de grupos externos en sus recursos forestales.

Choréachi

¿Qué ha ocurrido desde entonces?

Estos conflictos escalaron cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó en 2006 permisos de explotación forestal a Coloradas de los Chávez, provocando una respuesta legal de Choréachi para anular dichos permisos.

Desde 2013, la violencia en la comunidad se ha intensificado, resultando en múltiples asesinatos y amenazas de desplazamiento. Los caciques de Coloradas de los Chávez han recurrido a sicarios para intimidar a los defensores del territorio.

En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad para frenar la tala ilegal en sus tierras y prevenir ataques, que luego fueron reforzadas en la Corte Interamericana en 2017, obligando al Estado mexicano a proteger la vida de los habitantes de Choréachi.

En 2015, se produjeron amenazas directas y ataques a hogares y escuelas, lo que forzó desplazamientos temporales debido a enfrentamientos entre los grupos de Coloradas de los Chávez y Barbechitos. Otros miembros de la comunidad tuvieron que esconderse.

En 2020, Coloradas de los Chávez cercó ilegalmente parte del territorio de Choréachi para un proyecto de “Restauración de microcuencas estratégicas” autorizado por la Comisión Nacional Forestal – CONAFOR, sin respetar el derecho a consulta de la comunidad.

¿Quién apoya y protege las comunidades de Sierra Tarahumara?

ASMAC

La organización Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y su directora Isela González desempeñan un papel fundamental para la resistencia indígena y en la defensa del territorio contra intereses extractivistas y la tala ilegal.

Su trabajo ha sido clave en la visibilización de los problemas, el apoyo legal a las comunidades y la documentación de las violaciones de derechos humanos en la región. Sin embargo, las amenazas y agresiones que enfrentan reflejan los peligros inherentes a la defensa del territorio. La comunidad internacional y las autoridades deben reforzar sus esfuerzos para proteger la vida y el trabajo de los defensores en la Sierra Tarahumara, garantizando un ambiente seguro y libre de violencia para quienes luchan por la justicia y el respeto a los derechos humanos.

El abordaje de la protección de las personas defensoras de derechos humanos requiere una perspectiva interseccional, ya que el género y el origen étnico exponen a muchas de ellas a riesgos específicos, derivados de la combinación de factores como el racismo, el extractivismo y el patriarcado. Las mujeres, en particular, enfrentan amenazas de violencia sexual y otras formas de agresión destinadas a intimidarlas y socavar su rol como defensoras”.

La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras promueve la Protección Integral Feminista, una propuesta definida por las propias defensoras como un ‘pacto de cuidarse’. Esta protección se basa en estrategias de confianza y la creación de redes de apoyo, con el objetivo no solo de garantizar la seguridad de las defensoras, sino también de transformar las condiciones estructurales que perpetúan las amenazas hacia ellas y sus comunidades.

Un poco de Historia

La situación actual en la Sierra Tarahumara no es nueva.
Refleja una historia de más de 500 años de despojo y resistencia indígena. Desde la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, el territorio de los pueblos Rarámuri y Ódami ha sido explotado por sus bienes naturales, y esta dinámica ha continuado en la época moderna con políticas extractivistas y la imposición de proyectos de “desarrollo”. La reforma agraria de la Constitución mexicana de 1917 y las reformas de los años 90 favorecieron la privatización de tierras, lo cual intensificó los conflictos territoriales.

Es muy importante proteger a la comunidad en su conjunto, ya que la defensa del territorio es un esfuerzo colectivo. La comunidad entera debe estar protegida para salvaguardar sus tierras y su cultura".

Isela González Díaz
Directora de la ASMAC.

DESCARGA EL INFORME COMPLETO (PDF)

BIZITZA JOKOAN 2 LA VIDA EN JUEGO2