Preload Image
Tarahumara
1. Bosque y comunidad de Choreachi-portada2b

Sierra Tarahumara: cuando defender derechos significa la vida.

Coloradas de la Virgen y Choréachi están ubicadas en la Sierra Tarahumara, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Se trata de una región, rica en biodiversidad y recursos minerales, por lo que ha sido objetivo de numerosos intereses extractivistas, así como del narcotráfico.
Además, Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las personas defensoras. En 2017 se estableció la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos. Este organismo, que a veces actúa en coordinación con el Mecanismo de Protección, brinda escolta policial y acompañamiento en traslados para proteger a defensoras, como es el caso de Isela González.

Una foto al contexto general

En varios países latinoamericanos, las alianzas entre el Estado y los poderes económicos permiten a las corporaciones extractivas explotar recursos sin restricciones. Este modelo, sostenido por una lógica colonial de despojo, afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales, perpetuando exclusión y violencia. Las empresas de seguridad privada operan como “ejércitos” que atacan a defensoras y protegen los intereses corporativos.

En México, la violencia contra personas defensoras es alarmante. El país registró 54 asesinatos de defensores en 2021, de los cuales más del 40% eran indígenas, lo que lo convierte en uno de los lugares más peligrosos para la defensa de la tierra y el medio ambiente.

Un dato alarmante

Las propias autoridades estatales están vinculadas en un 45% de las agresiones registradas contra defensoras en Mesoamérica entre 2012 y 2022. Estos datos resaltan cómo el Estado, en lugar de garantizar derechos, actúa como agresor, fomentando un sistema de impunidad que afecta a las defensoras y sus comunidades.

Una foto al contexto local

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 2023, se registró en la Sierra de Tarahumara, México, el asesinato de al menos 126 personas defensoras.

La defensa del territorio y de los bienes naturales representa un riesgo elevado en América Latina. Según el informe Datos Que Duelen, Redes que Salvan (2024), un 23% de las agresiones contra defensoras están vinculadas a la defensa de la justicia y reparación, y un 15.6% a la protección de la tierra y recursos naturales, afectando especialmente a mujeres y comunidades indígenas.

Un dato alarmante

En México, los actores estatales estuvieron implicados en el 35.7% de los casos, incluidas autoridades municipales, fuerzas policiales y militares.

Ser defensor del territorio y del medioambiente en la Sierra Tarahumara significa la vida".

Isela Gonzalez Díaz
Directora de la Asociación Alianza Sierra Madre A.C.
Defensora.

Narcotráfico y extractivismo

Esta región es rica en biodiversidad y recursos minerales, por lo que ha sido objeto de explotación debido a intereses extractivistas y al narcotráfico.

Sin embargo, el Estado ha demostrado poca capacidad para enfrentar estos desafíos y proteger a las comunidades.

La mayoría de la población indígena en estas comunidades vive en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y salud, lo cual agrava su vulnerabilidad.

Ewer Alexander Cedillo Cruz José Abelino Cedillo Cantarero José Daniel Márquez Márquez Kelvin Alejandro Romero Martínez Porfirio Sorto Cedillo Orbin Nahuan Hernández Arnol Javier Alemán Jeremías Martínez

Un ejemplo

En regiones como el “Triángulo Dorado”, donde se asienta Guadalupe y Calvo, la violencia de cárteles (extorsiones, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos) es una amenaza constante. La competencia entre grupos criminales, unida a la proliferación de cultivos ilícitos, afecta a las comunidades indígenas, aumentando el riesgo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente. La narcocultura, que atrae a jóvenes a la delincuencia, es un factor que agrava el contexto de inseguridad y vulnerabilidad.

Corrupción

Además de la falta de recursos y el lento cumplimiento de medidas de protección, persisten desafíos de corrupción y “tortuguismo” en las instituciones públicas.

Un ejemplo

En Coloradas de la Virgen y Choréachi, la corrupción dentro de instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ha obstaculizado el acceso de las comunidades a sus recursos y ha retrasado la suspensión de permisos ilegales de explotación forestal. Estas demoras, junto a la falta de investigación y castigo a los responsables, perpetúan un ciclo de impunidad y violencia. La corrupción no solo bloquea la justicia, sino que también permite que las violaciones continúen al brindar impunidad a empresas y actores criminales, protegidos por el sistema judicial y político.

2023

No reconocimiento de las tierras

Las defensoras indígenas luchan por derechos colectivos como la tierra y el territorio enfrentan limitaciones debido a desigualdades estructurales. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2018) ha destacado cómo los procedimientos de reconocimiento territorial son complejos y prolongados, dificultando el acceso a la justicia. Sin el reconocimiento de sus tierras, las comunidades no pueden ejercer su derecho a la autodeterminación, dejándolas expuestas a la explotación y al desplazamiento.

La idea de territorio nacional desconoció nuestros territorios que se convirtieron desde entonces en "propiedad de la nación", con sus aguas, su aire y sus minerales en el subsuelo”.

Yásnaya Aguilar
Lingüista, traductora, investigadora y activista ayuujk [mixe].

Las comunidades más amenazadas:

Es una comunidad Rarámuri con un fuerte arraigo territorial y cultural. Desde 1934, la comunidad ha reclamado el reconocimiento de su territorio al Estado mexicano. Sin embargo, su lucha se ha visto obstaculizada por el cacique mayor, su familia y sus amigos, quienes han controlado de manera violenta los recursos forestales de la zona.

Fotografía Carlos Ernesto Choc.

Coloradas de
la Virgen

Los conflictos por el territorio han acabado con la vida de numerosos defensores indígenas. En respuesta, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos implementó medidas para proteger a Carrillo y a miembros de la organización ASMAC, como Isela González, amenazada por su apoyo a la comunidad de Coloradas de la Virgen. 

ASMAC documenta más de 200 personas desplazadas en Coloradas de la Virgen, a causa de la violencia de grupos criminales y caciques locales. También existen al menos ocho carpetas de investigación por homicidios y varias más por despojo de tierras.

Ewer Alexander Cedillo Cruz José Abelino Cedillo Cantarero José Daniel Márquez Márquez Kelvin Alejandro Romero Martínez Porfirio Sorto Cedillo Orbin Nahuan Hernández Arnol Javier Alemán Jeremías Martínez

Julián Carrillo Martinez, asesinado a tiros
por sicarios al servicio de los caciques en 2018.

El conflicto territorial comenzó en 1969 cuando el gobierno mexicano transfirió una parte de su territorio ancestral a la comunidad mestiza de Coloradas de los Chávez sin consultar a los Rarámuri. Desde entonces, los habitantes de Choréachi han enfrentado violencia y amenazas debido a los intereses de grupos externos en sus recursos forestales.

Choréachi

¿Qué ha supuesto esto para Guapinol?

Al inicio era una mina de óxido de hierro, pero posteriormente ha derivado en concesiones de aguas de los valles más productivos de la zona y la construcción de dos plantas que pertenecen al grupo empresarial EMCO Holding:

Haz click en los botones para leer más

¿Quién está al frente de estas empresas?

Pertenece a dos miembros de la élite hondureña que guardan estrechos vínculos con altos cargos de actuales y pasados gobiernos del país. Pusieron en marcha el complejo minero sin consulta ni participación social, bajo una fuerte represión del campesinado (más de 150 asesinatos, desapariciones, detenciones…) que se movilizaba contra la extensión del cultivo de palma aceitera en toda la zona.

2023-24

Una votación fraudulenta

La Alcaldía de Tocoa convoca dos cabildos municipales para aprobar el proyecto de la termoeléctrica.

A pesar de las irregularidades, ilegalidades, ataques al Comité Municipal y una minoría evidente, se declara aprobado el proyecto.

2024

El fruto de la lucha

En febrero el Congreso del país emitió un Decreto que blinda el Parque Nacional y declara que todas las áreas protegidas deben estar exentas de explotación minera.

En julio el Instituto Hondureño de Geología y Minas, negó la solicitud de contrato minero presentado por la Empresa Los Pinares-Ecotek.

Un logro de las luchas de las comunidades, por toda la sangre derramada, por los días de prisión de las personas defensoras, por el dolor”.

Carlos Leonel George
Regidor Municipal del municipio de Tocoa.

Un poco de Historia

La situación actual en la Sierra Tarahumara no es nueva.
Refleja una historia de más de 500 años de despojo y resistencia indígena. Desde la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, el territorio de los pueblos Rarámuri y Ódami ha sido explotado por sus bienes naturales, y esta dinámica ha continuado en la época moderna con políticas extractivistas y la imposición de proyectos de “desarrollo”. La reforma agraria de la Constitución mexicana de 1917 y las reformas de los años 90 favorecieron la privatización de tierras, lo cual intensificó los conflictos territoriales.

Es muy importante proteger a la comunidad en su conjunto, ya que la defensa del territorio es un esfuerzo colectivo. La comunidad entera debe estar protegida para salvaguardar sus tierras y su cultura".

Isela González Díaz
Directora de la ASMAC.

GAME-OVER

2018

La defensa del agua y la vida

En abril de 2018 la empresa Inversiones Los Pinares vierte sedimentos sobre el río y durante tres meses llega agua contaminada y fangosa a los hogares.

Las cifras hablan:

Desde que asesinaron a Berta Cáceres en marzo de 2016 se contabilizan en Honduras 27 defensoras asesinadas.

Comecocos-y-fantasmas

Las alianzas entre empresas extractivas, grupos criminales y caciques violentan de manera sistemática a las comunidades indígenas. Estos cacicazgos violentos, son un fenómeno de “colonialismo interno” donde poderes locales ejercen control sobre recursos y tierras mediante intimidación y violencia. Los líderes de estas familias caciquiles están vinculados al crimen organizado y cuentan con respaldo de actores políticos, lo que facilita la represión y despojo de las comunidades indígenas. Sin acceso a la justicia y ante la ausencia de autoridad estatal, las defensoras se encuentran indefensas.

A pesar de los compromisos del Estado mexicano de garantizar la seguridad de los defensores y comunidades indígenas, la respuesta ha sido insuficiente. Casos emblemáticos como el asesinato de Julián Carrillo muestran la ineficacia de las medidas de protección, que muchas veces son simbólicas y no abordan las raíces del problema. Informes de organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han señalado la falta de voluntad del Estado para implementar un enfoque integral que combata las causas estructurales de la violencia en la Sierra Tarahumara.